La Libertad Avanza bonaerense pedirá juicio político a la jueza que suspendió la ley Penal Juvenil

La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires anunció que solicitará el juicio político a la jueza en lo Contencioso Administrativo Marta Elba Pascual, quien el lunes pasado suspendió por 60 días la aplicación de la ley de Régimen Penal Juvenil.

La decisión de la magistrada se produjo tras un amparo presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, que cuestiona aspectos de la norma sancionada a fines de julio. El bloque libertario considera que la suspensión “obstaculiza” el funcionamiento de una ley aprobada por la Legislatura y promulgada por el gobernador Axel Kicillof.

El pedido de juicio político será formalizado en las próximas horas ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados bonaerense. Desde LLA argumentan que la jueza habría excedido sus facultades al frenar una norma de orden público provincial sin que exista un perjuicio concreto e irreparable para los amparistas.

En Quilmes, la ley de Régimen Penal Juvenil había generado expectativas en materia de seguridad, ya que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 13 años para delitos graves y establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Vecinos de barrios como Bernal Oeste, San Francisco Solano y Ezpeleta habían manifestado su apoyo a la norma, según relevamientos locales previos a su suspensión.

La suspensión rige por 60 días corridos, plazo durante el cual el Ejecutivo provincial y la Legislatura deberán responder los planteos. Desde el bloque de LLA bonaerense, liderado por el diputado provincial Nahuel Sotelo, se sostiene que la medida judicial “desprotege a las víctimas” y “beneficia a los delincuentes juveniles”.

La jueza Pascual, con asiento en La Plata, fundamentó su resolución en posibles vicios de procedimiento durante la sanción de la ley y en la necesidad de garantizar el interés superior del niño y el adolescente, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución nacional.

Desde el municipio de Quilmes, hasta el momento no se emitieron declaraciones oficiales sobre el anuncio de juicio político, aunque el intendente Mayra Mendoza ha mantenido una posición crítica respecto de la baja de la edad de imputabilidad. En tanto, concejales de la oposición local ya adelantaron que acompañarán cualquier iniciativa que busque revertir la suspensión de la norma.

El trámite de juicio político requiere primero la admisión de la denuncia en la Cámara baja y luego el envío al Senado provincial. s del bloque libertario estiman que la presentación podría concretarse antes de fin de mes.

Este nuevo capítulo se suma a la fuerte disputa política que genera la ley de Régimen Penal Juvenil, una de las iniciativas estrella del sector más duro de la oposición provincial. La resolución definitiva sobre su constitucionalidad podría demorar varios meses, mientras los 60 días de suspensión corren y los organismos de derechos de niños y adolescentes siguen de cerca el debate.